En abril de 2016, el Tribunal Supremo de Papua Nueva Guinea declaró ilegal e inconstitucional un centro de detención para solicitantes de asilo en la isla de Manus creados por el gobierno australiano, tras un acuerdo con el gobierno de Papua Nueva Guinea.

"¿Qué les está pasando a los refugiados y solicitantes de asilo? ¿Qué pasará con la población local de la isla de Manus, ¿cuál será la situación socio-económica, habrá un efecto negativo en Papúa Nueva Guinea, cuando el centro de detención en Manus se cierre de forma permanente? Esto es lo que se pregunta la Conferencia Episcopal de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón, que por este motivo organizó el 1 de noviembre, junto con la "Sociedad de Profesionales Católicos" (CPS), una mesa redonda en Waigani sobre el tema de los refugiados.

"Cerca de 495 refugiados y 131 solicitantes de asilo, para un total de 626 personas, están esperando decisiones y reasentamiento", dijo Paul Harricknen, abogado de derechos humanos y presidente de (CPS). "Ya ha habido 6 muertes entre los solicitantes de asilo. Solo 146 fueron rehabilitados y reasentados en los Estados Unidos. Treinta y siete fueron los nacimientos registrados entre los refugiados en Manus ".

Los participantes de la mesa redonda de Waigani al final de sus debates aprobaron una declaración en la que, entre otras cosas, exigen que el gobierno australiano acepte en su territorio a todos los refugiados y solicitantes de asilo antes del 25 de diciembre de 2018.

El equipo organizador de la mesa redonda de Manus, que también incluye al salesiano P. Ambrose Pereira, se reunió el 3 de noviembre con el Gobernador de Port Moresby Hon. Powes Parkop, para discutir posibles soluciones y asegurar que la declaración continúe. Entre los temas discutidos se encuentran la salud de los refugiados y solicitantes de asilo, los casos de abuso y el acceso a la información para los refugiados. Además, se han programado reuniones con los ministerios competentes.

Monseñor Bernard Unaballi, obispo de Bougainville, sugirió establecer una comisión a nivel de la Conferencia Episcopal Católica para garantizar que no se mantenga solo en el nivel de discusiones y declaraciones.

Mientras tanto, el transporte forzado a la isla de Manus continúa en medio de un gran número de policías y oficiales de inmigración y ante los ojos de la población local.

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